"Como política de estado, la asimilación ha fracasado"

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta hoy un mediador?

El principal problema que encontramos hoy es la tensión que existe en la sociedad con la exclusión, el racismo, la xenofobia, la intolerancia… Te das cuenta de que tienes que ayudar a que la gente hable y escuche. Actualmente hay una comunicación muy polifónica, confusa, muy de redes; demasiado ruido. En el think tank Futuro Alternativo, compuesto por un grupo vinculado a organizaciones y plataformas que promueven un mundo mejor, planteamos las contradicciones existentes, por ejemplo, en el ámbito laboral: muchos no queremos que España sea la séptima potencia en fabricación de armas, pero si cerramos las fábricas, se van al paro decenas de miles de personas. Como mediadores, tenemos que ayudar a las partes a sentarse y hablar, aunque nadie tenga la solución ideal. Mi labor es ayudar a facilitar la comunicación sobre temas complejos en los que a veces faltan espacios de interlocución dialogada, muy necesarios tanto en el plano nacional como en el internacional.

En cuanto al ámbito de la interculturalidad, enfatizaría que hay que trabajar mucho en la vida comunitaria de los barrios, donde hay concentraciones notables de personas de origen extranjero. Hace falta la mediación para que los nuevos vecinos, los vecinos de toda la vida, entre ellos los gitanos, y las administraciones, lleguen a acuerdos y disposiciones de convivencia local.

La polarización es asfixiante. Estamos presenciando cómo muchos responsables institucionales difunden mensajes cargados de estereotipos y prejuicios sobre la inmigración. Incluso se están maleando algunos significados que parecían asentados en democracia. ¿Cuáles son los que más te preocupan?

La polarización social es efecto de las desigualdades y la polarización política de la división entre partidos. La crisis económica de 2008 y esta pandemia han puesto de manifiesto la fragilidad y vulnerabilidad de amplios sectores de la población y, por otro lado, el surgimiento explícito de la ultraderecha ha venido a provocar una polarización mayor. Uno de los elementos que planteo en el libro es el de la necesidad de resignificar algunas palabras y de huir de los binomios falsos o mal intencionados. John Dewey decía que, en ciencias sociales, toda polarización, todo binomio, debería ser metodológico, es decir, una distinción de carácter analítico que no vale para la vida real. Un binomio malintencionado que usan determinados políticos es, por ejemplo, el de «nacional versus extranjero». Es una clasificación real por nacionalidad, pero muchas veces no viene al caso o supone un binomio falso. Hay otros binomios que sí son importantes en la vida real, como el de «demócrata versus no demócrata», porque ahí nos estamos jugando el Estado de derecho y no se puede ser tolerante en este sentido.

En esta pandemia hemos vivido unas cuantas perversiones del lenguaje: el virus chino, los héroes de la sanidad…

O el lenguaje belicista: «estamos en guerra contra el virus» o «esta batalla la vamos a ganar», etc. Uno de los temas más peligrosos desde posiciones xenófobas ha sido el de la visión del trabajador migrante como transmisor del virus, un efecto de las condiciones laborales y vitales de los trabajadores del campo o las empresas cárnicas que no tiene nada que ver con la procedencia de las personas. Otro estereotipo muy dañino es el de «vienen a beneficiarse de nuestro estado del bienestar». Hay numerosos estudios que demuestran que la población de origen extranjero aporta al estado de bienestar más de lo que recibe (por ejemplo, un informe de la Universidad de Comillas y la UAM sobre la población colombiana«[...] el peso de las prestaciones sociales en la renta de este colectivo parece ser menor que para los nacionales; los inmigrantes tienen menos posibilidades de acceso a prestaciones sociales, alrededor de un 16% menos –un 4,7% cuando se establecen controles para las características sociodemográficas– y las mismas son de una cantidad media inferior a las percibidas por los españoles–un 16,91% inferior para las pensiones, 18,95% en el caso de las prestaciones por desempleo…», Alfredo Felipe Díaz-Grande Rojo, La inmigración en el estado de bienestar español, ICADE, Universidad Pontificia de Comillas, 2018, pp. 41-42. Se puede consultar aquí.).

Se produce la paradoja de que, pese a que se les mente continuamente en campañas políticas, ellos y ellas no pueden votar en las elecciones nacionales.

La vía más justa y ética de incorporación de personas de origen extranjero es incorporarlas plenamente como ciudadanos y ciudadanas, que tengan los mismos derechos y deberes, que es la primera dimensión de lo que es la ciudadanía. Si no se va por esa vía, se crean contradicciones: si son parte importante de la economía (hostelería, restauración, agricultura…), del sistema fiscal (pagan impuestos), del estado del bienestar (reciben prestaciones), también deben ser parte de la vida política.

¿No ha generado el asimilacionismo un lenguaje plagado de clichés sin fundamento que ha sido pernicioso para esta incorporación?

Si entendemos la asimilación tal y como se entendía a principios del siglo XX, un país que constitucionalmente es asimilador es Francia: si naces en Francia, eres francés. Mi hijo mayor nació en California y es español y estadounidense. En la teoría, ese sería uno de los modelos de inclusión. La cuestión es cómo abordar la diversificación sociocultural en el mundo. Ha habido muchas prácticas que se pueden clasificar como excluyentes e incluyentes. Las primeras serían la discriminación, la segregación, el apartheid, la limpieza étnica, el antisemitismo, la gitanofobia… La inclusión por asimilación tiene un aspecto comprensible y positivo: la sociedad de recepción le ofrece a quien llega una escuela, una nacionalidad, una lengua… Pero tiene también un aspecto negativo que la ha llevado al fracaso, y es que reprime al otro en su lengua, su cultura y su identidad, cuando lo que vemos es que la gente tiende a aferrarse a su identidad. ¿Cuál es la alternativa? El pluralismo cultural. La interculturalidad admite que la sociedad siempre es diversa, pero reivindica como elemento clave la igualdad ante la ley y el énfasis en la ciudadanía: iguales en derechos, en el trato, ante la ley, y diferentes en las formas de vivir, en las costumbres, la alimentación, la confesión religiosa… Ha supuesto un giro que ha superado la posición asimiladora.

Cuando realizamos encuestas sobre el terreno, la opinión es abrumadoramente favorable al pluralismo cultural, aunque siempre hay un sector minoritario que opta por la asimilación, algo que también es legítimo: hay padres de origen extranjero que prefieren inculcar a sus hijos la asimilación de la cultura española. Yo no soy quién para decir qué es lo que tiene que hacer cada uno, pero como política de Estado la asimilación ha fracasado.

Quizás primero haya que definir muy bien qué es ser europeo. Si no lo tenemos claro, seguirán surgiendo grietas. ¿Dónde está esa identidad? ¿Qué le falta al relato europeo en este sentido?

Como siempre, hace falta hablar más y más tranquilamente, crear diferentes capas y niveles de identificación. Edgar Morin venía a decir que Europa tenía una tradición fuerte en valores de más de dos mil años de antigüedad, pero que debía mirarse en su pasado para afirmarse, aceptarlo y descartar algunas de las cosas que se han desarrollado en su seno. No podemos olvidar que Europa es también el lugar donde se fundamentó genéticamente el racismo: esa no es la Europa que quiero, pero sí es la de la Ilustración, el principio de razón, el laicismo, la libertad religiosa, la tolerancia, la patria de los derechos humanos, etc. Esa es la Europa que queremos. Habría que definir los valores plurales y unirnos en la Carta Social Europea, que está basada en esos principios. ¿Qué papel juega la inmigración en todo esto? Para los xenófobos, los inmigrantes son la cabeza de turco de la falta de alternativas en un momento de crisis. Este sería el extremo. Luego están los gobiernos vacilantes, con políticas erráticas de control de fronteras y flujos, y pocas medidas de integración y ciudadanía; gobiernos que están en una situación de ambivalencia. Y en el otro extremo, estamos los que tenemos una posición abierta y partimos de que Europa ha sido cuna de diferentes culturas, que ha ido albergando componentes de muy diversos pueblos y religiones, sobre todo la cristiana en sus diversas expresiones, cierto, pero también, y con fuerza, la judía y la musulmana. Europa es un caleidoscopio y, en su diversidad, es muy fuerte, siempre y cuando se abra. Si Europa se cierra como una fortaleza, se refuerzan las peores tradiciones: el nazismo, el racismo… Pero si se abre al mundo y juega un papel de paz y cooperación como garante de los derechos humanos, gestionará mejor la inmigración y se moverá mejor en el multilateralismo democrático, que acaba de reclamar el presidente de la ONU. Si Europa es un foco abierto de derechos humanos, integrará y sumará sin perder valores y podrá enfrentarse a los populismos antidemocráticos, a los fundamentalismos, a las teocracias…

Para algunos, Europa es la cuna del mejor desarrollo de la humanidad, de la supremacía civilizatoria, pero no se dan cuenta de que están hablando de los últimos «dos minutos» de la evolución humana, desde el siglo XVI para acá. En el siglo x, había que emigrar a Bagdad o a Damasco para saber algo; China tiene cinco mil años de historia y qué te voy a decir de la India o de Mesopotamia... Las cosas cambian, y redefinir Europa sobre la mejor de sus tradiciones requiere apertura.

Volviendo al binomio del que hablábamos, ¿crees que en España hay «no demócratas»?

Para mí, siguiendo posiciones como las de John Dewey, la democracia no solo es un sistema de participación, representación y gobierno, sino también un estilo de vida, un ideal moral. Desde esa perspectiva, habría gente que no es demócrata. Algunos porque tienen no solo una nostalgia enorme de la dictadura franquista, sino una actitud y conducta de falta de respeto al pluralismo político; no hay más que ver, por ejemplo, cómo los líderes de VOX meten en un mismo saco a todos los partidos, como si ellos fueran otra cosa, una actitud típicamente antidemócrata. Y aunque en la extrema izquierda hay nostálgicos del estalinismo, me preocupan mucho menos, porque lo cierto es que el PCE y los marxistas leninistas jugaron un papel importante y muy positivo en la transición a la democracia: aceptaron la bandera, la Constitución, la monarquía, sacrificaron mucho. Una cosa es criticar las deficiencias de nuestra democracia, algo que es muy necesario, y otra muy distinta negar de plano que estamos en una sociedad democrática.

Supongo que las lecturas de unos sucesos cambian según cómo y quién los mire…

Algunos opinan que el escrache contra Soraya Sáenz de Santamaría cuando era vicepresidenta del PP [en 2018] está bien, pero contra Iglesias y Montero, no. Pero un demócrata no puede aceptar que nos metamos en la vida privada de las personas. La batalla se da en el Parlamento, y en la calle con la movilización. En este sentido, yo soy un demócrata radical: la vida privada de las personas, sean quienes sean, no se toca.

¿Qué papel podría jugar un mediador entre la política y la ciudadanía, cuando el nexo entre el político y el ciudadano al que representa parece haberse roto?

En los 36 territorios locales donde operó hasta finales de 2020, el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) facilitó, en pleno confinamiento y por teletrabajo, que los responsables municipales pudieran estar en contacto directo con los profesionales de todo tipo y con la ciudadanía. Hemos alentado y organizado diversas iniciativas solidarias. Por ejemplo, en la Cañada Real, ubicada en tres municipios (Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid), hemos estado presentes en el Pacto por la Cañada, y hay un documento de implementación positiva del pacto en el que también hemos colaborado. En esos espacios participaron educadores, trabajadores sociales, mediadoras, agente de igualdad, etc. Todos han impartido cursos y mantenido espacios de encuentro. Hay un «espacio técnico de relación» de todos los técnicos de la Cañada, así como un «núcleo» que facilita todo el proceso comunitario. Es curioso comprobar que el COVID-19 ha tenido escasa incidencia, y creo que es porque la comunidad está muy bien organizada y la integran todos: políticos, el Comisionado de La Cañada, arquitectos, ONG, etc. Nos dicen que somos una especie de argamasa. Moraleja: si se trabaja con todos los actores, que suele ser bastante difícil por las diferencias entre el lenguaje político, el técnico y el social, los resultados son muy importantes. La mediación comunitaria intercultural es fundamental. Nosotros no les decimos a los barrios lo que tienen que hacer, simplemente, aportamos método e impulsamos con ellos espacios de relación para que esas gentes tan diversas hablen, pacten, tengan lo que llamamos una «programación comunitaria». Eso se hace en 36 comunidades en España.

Es bonito saber que la política no solo puede recuperar ese nexo con la ciudadanía, sino que puede trabajar conjuntamente con ella.

Tenemos, afortunadamente, movimientos ciudadanos, de un signo político y otro, que son reivindicativos y exigentes frente a las instituciones públicas y el poder, sea local o a otros niveles. Es parte consustancial de la democracia. Pero ¿puede o debe haber algo más? En el proyecto de la Cañada Real planteamos el trabajo con tres protagonistas: los responsables institucionales, los profesionales que trabajan en el territorio local, ya sea en organismos públicos o en entidades sociales, y la ciudadanía, tanto la organizada como el conjunto de vecinas y vecinos. Cuando se producen esos espacios de trabajo cooperativo, el resultado es muy positivo; a veces, es realmente espectacular.

Hace falta favorecer esta interlocución. Parece que todo va de que la ciudadanía presiona y el político cede, pero no es así: en esos espacios, el político escucha al profesional que trabaja en un determinado lugar, y estos técnicos son considerados como recursos en, de y para la comunidad, y esta se compromete también. Es una interacción positiva, un juego cooperativo de trabajo en común. Eso da frutos. No quiero decir con esto que los otros cauces no sean buenos. Me parece perfecto, y necesario, que haya protestas cívicas, manifestaciones, desobediencia civil, objeción de conciencia u otras formas de movilización pacífica.

Ahora que hablamos de La Cañada, ¿qué hay realmente detrás de estas políticas que dejan a miles de familias sin luz ni calefacción en pleno invierno? ¿Está la democracia en manos del mercado?

La situación de La Cañada Real Galiana, sin suministro adecuado de luz desde octubre de 2020 en los sectores 5 y 6, es de sufrimiento, vergüenza, injusticia y vulneración de derechos. Los afectados son unas 1.100 familias, que agrupan aproximadamente a 4.000 personas, de las cuales en torno a 1.800 son niños y niñas. Se han pasado momentos durísimos, sin calefacción en pleno invierno y con el temporal Filomena incluido. Ha habido situaciones dramáticas, intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono de estufas y chimeneas; incendios, quemaduras….

Ante esa situación tan dura e injusta, tan inadmisible e indignante, el Instituto DEMOSPAZ-UAM hizo pública una declaración en enero pasado, en la que, además de hacer llegar nuestra solidaridad a las familias, mostrábamos nuestra preocupación por la vulneración de derechos humanos básicos: a la vida digna, la salud, la información y participación, los derechos de niños y niñas. Abogábamos «por una solución rápida y dialogada». Nos dirigíamos a los responsables institucionales de las tres administraciones para exigirles que resolvieran la situación con urgencia, audacia y coordinación. Esa solución debe enmarcarse en el Pacto regional de la Cañada Real Galiana, aprobado y puesto en marcha en 2018. Ese pacto fue firmado por la Comunidad de Madrid, la Delegación de Gobierno y los Ayuntamientos de Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada, y fue suscrito entonces por los cuatro partidos con representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid. En su anexo tercero, se especifican compromisos sobre «medidas provisionales para dignificar las condiciones de vida de los habitantes», figurando precisamente el compromiso de «rehabilitación del suministro de luz». Así pues, hay un marco de concertación donde puede y debe encontrarse la solución; de lo contrario, puede haber un retroceso en la cohesión social construida con tanto esfuerzo. Debido a mi vinculación con el ICI, he estado muy en contacto con la realidad de la Cañada en los últimos seis años, y soy testigo de que se ha logrado mucho mediante múltiples entidades e iniciativas, con un proceso comunitario intercultural muy válido. Sería una gran pena que todo ello se vea dañado por no resolver adecuadamente esta situación.

En el caso de la llegada de inmigrantes a las Canarias, ¿cómo se pueden evitar las explosiones de violencia contra ellos?

La llegada a Canarias, por vía marítima, de más de 23.000 personas durante 2020 es algo excepcional; Después de la «crisis de los cayucos» de 2006, es el segundo año de mayor flujo. No obstante, ha habido falta de previsión, pues la intensificación de los flujos ya se venía produciendo desde 2018 y se había acentuado en 2019. Todo ello agravado por un contexto de pandemia y de crisis económica y social. Esos incidentes ocurren después del lamentable episodio del muelle de Arguineguín. Se han dificultado los pasos y derivaciones de esas personas a la península y, con ello, se ha producido una hiperconcentración, con situaciones de hacinamiento, de cerrazón y falta de alternativas. El plan, al parecer, es la creación de siete centros ubicados en tres municipios de tres islas, un proyecto que, desafortunadamente, forma parte de la conformación de fronteras interiores para impedir el paso al continente europeo. Las islas como áreas ultraperiféricas constituyen así un muro natural. Parece que no aprendemos de la situación de crisis que se planteó ya en 2005, en la que se vio que no tenía sentido crear espacios de bloqueo en Canarias, Ceuta y Melilla. No hay que repetir situaciones como las de Lesbos y Lampedusa.

En vez de poner en marcha la red de recursos de la que ya se dispone, aprovechando la experiencia valiosa de muchas entidades sociales que hace tiempo vienen trabajando en ello, con la distribución de los solicitantes de asilo en pequeños centros y en pisos compartidos, se está optando por la construcción de centros para 2.000 o 4.000 personas, y el encargo de su gestión a entidades privadas y lucrativas sin experiencia en este campo. Se trata de un cambio drástico, de un nuevo modelo que está siendo impuesto sin diálogo alguno. Todo esto se ubica en la discusión, por no decir batalla, que está habiendo en el contexto del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que está por cerrarse, cuyo borrador se presentó por la Comisión el 23 de septiembre [de 2020]el y que parece que va en esa línea de crear espacios de exclusión en la frontera sur; es decir, en España, Italia y Grecia. Si finalmente van por ahí las cosas, se estará primando satisfacer una mala visión de la Europa de las fronteras y a unos países con gobiernos conservadores, donde se utiliza la inmigración con actitud xenófoba, de forma culpabilizadora. Supondría una clara vuelta atrás en política migratoria.

España debería alinearse con las políticas de inclusión, en línea con el Plan operativo de inclusión de las personas migrantes en la Unión Europea. Se trata de mantener y desarrollar un modelo de espacios mucho más pequeños, polivalentes, mejor distribuidos por las islas, cuidando la acción con la comunidad, potenciando las actitudes de solidaridad, haciendo frente a los discursos de ultraderecha. Y a partir de ahí, que se pueda continuar con el periplo y proyecto migratorio. Es decir, hay que evitar crear un cuello de botella, con la concentración en Canarias de gente hacinada, llevando a cabo una derivación gradual a la península, aprovechando la amplia red disponible de entidades sociales con larga experiencia.

¿Te parece una buena herramienta el ingreso mínimo vital?

Lo he apoyado al igual que en su momento el ingreso madrileño de integración. Hay situaciones en las que hay que hacer una acción afirmativa, no una discriminación positiva; el éxito está ahí. Me preocupa que el Estado abandone la idea de que hablamos de un contrato social, de un acuerdo de corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos, en la que estos últimos deben comprometerse a buscar trabajo, sacar a la familia adelante, etc. Si se toma como una paga en la que no hay contraprestación, no hay responsabilidad y se tiende a pensar que es un derecho y que uno no tiene obligación de hacer nada. Me preocupa más la gestión social planificadora…

Lo que no apoyo es una política estructural del tipo salario mínimo para todos. En un momento de crisis, por encima de todo está la vida, y hay gente que no vive, que malvive. Eso sí, la gestión debería ser más transparente, negociada, con medios, demostrando los logros, etc., y eso no lo estoy viendo.

Para terminar, querría decirte que me gusta mucho, y es muy gráfico, eso que has comentado en otras ocasiones de decir «y» en vez de «o».

La metáfora de la «y» y la «o» es fuerte y, por otro lado, empieza a crecer la idea de lo común, aunque también es verdad que somos muy diversos. La «y», con ayuda de la mediación, tiene la necesidad de crear un nosotros plural, pero eso requiere liderazgo, generosidad y mediación. Si sentimos un nosotros en España, está bien, pero mejor con el orgullo de la diversidad profunda. El problema viene con el nosotros y el ellos, donde el líder del nosotros intenta homogeneizarnos. Ahí empiezan los fascismos, los totalitarismos, lo que Amin Maalouf llamaba «las identidades asesinas».