Luchar contra la desigualdad

Pablo Simón

Me gustaría plantear una primera pregunta que considero fundamental: ¿por qué tiene que preocuparnos la desigualdad? Si tuvierais delante a un liberal o a un conservador, ¿cómo intentaríais persuadirle de que la dimensión de la igualdad es relevante?

Eva Granados

En el último informe social de la Fundació Campalans —Un nuevo contrato social para una prosperidad compartida—, del que soy directora, el sociólogo Pau Marí-Klose, especialista en el estudio de la desigualdad y la pobreza, habla de tres aproximaciones a la desigualdad: la primera se refiere a aquella que provoca que las rentas más altas se apropien de todo; la segunda, a las consecuencias del crecimiento de la desigualdad a nivel individual, que genera lacras y marcas para el conjunto de la vida de una persona, y la tercera, a las consecuencias a nivel colectivo. Organismos nada sospechosos de estar a la izquierda de quienes participamos en este debate son conscientes de que las sociedades más desiguales son también más inseguras y menos saludables y corren el riesgo de que el populismo y la polarización política las conviertan en ingobernables y, por tanto, que pierdan más los que menos tienen.

Héctor Tejero

El primer motivo por el que debería importarnos la desigualdad es de tipo normativo, moral: la desigualdad es mala e injusta. Dicho de otra forma, la igualdad material es moralmente buena en términos normativos. Cualquier proyecto emancipador serio debe poner en el centro de sus aspiraciones presentes y en el horizonte al que aspira no solo la igualdad material, sino también la libertad, la democracia y la diversidad para, como decía Adorno, «poder ser diferentes sin temor». Sin embargo, como reflexiona César Rendueles en Contra la igualdad de oportunidades. Un panfleto igualitarista (Seix Barral, 2020), la desigualdad es una de las dimensiones que más se han perdido en los últimos años respecto a otras en los proyectos emancipadores y, por tanto, es una de las que más fuertemente hay que recuperar tras la revolución o contrarrevolución neoliberal.

El segundo motivo es que la desigualdad nos hace vivir peor a todos. Queremos reducirla porque todos queremos vivir mejor, no solo quienes están más abajo. Desde una dimensión política, en el sentido de politics y no de policy, el gran reto en la redistribución es el de tejer coaliciones amplias entre lo que clásicamente se denominaban clases medias y clases populares. Las políticas de redistribución que busquen reducir la desigualdad tienen que ser tendencialmente universalistas, por dos motivos: con medidas universalistas será más factible construir coaliciones amplias que defiendan políticas justas y resultan, además, en herramientas más eficaces, capaces de funcionar en distintos estratos sociales.

El tercer motivo está relacionado con el ámbito climático y ecológico. La crisis climática es nuestro principal reto como sociedad en los próximos diez años. Los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) han definido su último informe como «un atlas del sufrimiento humano». Nunca queda claro de qué manera se mide la desigualdad cuando la abordamos en combinación con el cambio climático. Una forma de hacerlo es a través de las emisiones de carbono, lo que los ingleses llaman carbon equality. Según el Informe sobre la desigualdad global (World Inequality Lab, 2022), coordinado, entre otros, por Thomas Piketty, el 10% más rico es responsable de cerca del 50% de todas las emisiones, mientras que el 50% más pobre produce el 12% del total. Esto supone una grave desigualdad en la atribución de responsabilidades y, por tanto, debería determinar quién debe afrontar las cargas en la transición ecológica. La relación entre igualdad y desigualdad climática es importante porque no habrá una transición ecológica si no es justa, igualitaria. Si no existe un reparto adecuado de las cargas, la gente se opondrá, como vimos en Francia con los chalecos amarillos.

Nacho Álvarez

Una primera respuesta a por qué nos debe importar la desigualdad es la que remite a los valores individuales, éticos o morales, como ha apuntado Héctor. Con esa respuesta seguramente debería bastar: vivir en sociedades más igualitarias es vivir en sociedades más justas. No obstante, mucha gente podría contestar que no hay por qué reducir las desigualdades dese el punto de vista ético o moral. Ahí entran otros argumentos que en la ciencia política y en la economía existen de sobra.

En primer lugar, está la evidencia empírica de que en sociedades enormemente desiguales existe una gran pobreza. Y aunque pobreza y desigualdad no son lo mismo, es muy difícil desligar una de otra. Conviene recordárselo a quienes plantean que el problema no es la desigualdad, sino la pobreza, porque en muchas sociedades van de la mano, sobre todo cuando los niveles de desi-gualdad son altos. En segundo lugar, puede que a mucha gente no le importe la desigualdad, pero sí el crecimiento económico, la creación de empleo y la evolución de la economía. Y en las últimas décadas, los estudios del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE vienen reiterando que en las sociedades más desiguales se da un crecimiento económico más frágil e inestable, lo que perjudica la creación de empleo. Y me gustaría detenerme en una tercera razón que considero crucial: la excesiva desigualdad erosiona la calidad democrática. Este argumento, de tradición liberal, es hoy perfectamente constatable. Pongamos el caso de la sociedad española, donde la inestabilidad política y la polarización están relacionadas con la desigualdad no solo de rentas, sino también de oportunidades y de expectativas. Si la última década ha sido percibida y sentida por muchos como el inicio de un periodo de decepción, se debe en cierta medida al acusado nivel de incertidumbre que, junto con el rencor social y el estrés, caracterizan hoy a nuestras sociedades. Y este cambio puede explicarse en buena parte por el crecimiento de las desigualdades de renta, oportunidades y expectativas. No puede haber proyecto progresista emancipador dentro del contexto europeo actual que no aspire a la reconstrucción de un contrato social capaz de reconciliar la economía, la democracia y el progreso social. Es inviable triangular estos tres vértices en ausencia de una reducción significativa de las desigualdades.

Pablo Simón

La desigualdad existente en el ámbito de los ingresos puede terminar dificultando la construcción de coaliciones políticas a favor de la redistribución. En el informe dirigido por Olga Cantó y Luis Ayala, Radiografía de medio siglo de desigualdad en España (Observatorio Social, Fundación La Caixa, 2022), se recoge que uno de nuestros grandes problemas es que aquí la clase media y media-baja es menos numerosa que en otros países, lo que polariza las preferencias redistributivas. ¿Cómo podemos ensanchar las coaliciones políticas en nuestro país, sabiendo que todo el mundo se percibe como clase media, incluida Ana Patricia Botín?

Nacho Álvarez

Responder a esta pregunta es responder al reto de la izquierda en el siglo XXI. Esto nos lleva, sin duda, a la reflexión acerca de los instrumentos sobre los que tienen que pivotar las políticas. Las transferencias, la fiscalidad y el mercado laboral son ámbitos clave, en los que las políticas públicas son fundamentales, pero existe un instrumento previo, del que casi nunca se habla y al que en muchas ocasiones se ha renunciado. Sin embargo, es crucial para poder tejer y articular las coaliciones políticas, sociales y sindicales que deben impulsar esas políticas públicas para reducir la desigualdad. Me refiero a la narrativa, al discurso, un ámbito en el que ha habido una suerte de gran renuncia a pesar de ser evidente que es el primer instrumento necesario para articular el resto y coser las coaliciones.

Hoy casi ningún liberal reivindicaría las políticas que Roosevelt desarrolló para reducir la desigualdad; es más, casi ningún socialdemócrata reivindicaría la fiscalidad de Eisenhower. Esto nos hace calibrar el grado de renuncia existente ante un instrumento como es el del discurso en este terreno. Hablar de la igualdad de oportunidades se ha convertido en una seña de la izquierda, cuando históricamente lo fue del liberalismo. Reivindicar a Stuart Mill hoy nos parece casi «podemita». Cuando uno estudia la historia del pensamiento llama poderosamente la atención la desaparición en las últimas décadas, tanto en el campo liberal como en el socialdemócrata, de las narrativas igualitaristas, ese instrumento fundamental de construcción de coaliciones capaces de reducir la desigualdad. 

Todos queremos democracias liberales y tememos regímenes iliberales, pero casi ninguno estamos dispuestos a empujar los discursos y las narrativas que en este momento hacen faltan para luchar contra la desigualdad. Insisto en que la primera condición para coser coaliciones es recuperar un discurso, una narrativa que hoy está ausente en ámbitos intelectuales de los que siempre formó parte históricamente, como el liberalismo (al menos en lo que a la igualdad de oportunidades se refiere).

Pablo Simón

Héctor, ¿es compatible hacer un ajuste de los costes que implica la transición ecológica con los procedimientos democráticos? ¿Cómo podemos tejer este desafío?

Héctor Tejero

Esa es la gran cuestión del cambio climático. Qué hacer en caso de incendio (Capital Swing, 2019), un libro que escribí con Emilio Santiago, plantea cómo construir una coalición convirtiendo la transición ecológica en una especie de dispositivo comunicativo que articule un proyecto colectivo. Estoy de acuerdo con Nacho en que, antes que unas políticas concretas, nos haría falta un gran relato, un proyecto colectivo al que se sume mucha gente. Para cualquiera que trabaje en el campo del cambio climático, ha supuesto una decepción ver que muchas peticiones que la UE llevaba años desoyendo respecto a la crisis climática las hayan llevado a cabo en dos semanas por la guerra en Ucrania.

Un punto clave para hacer los ajustes de forma políticamente responsable, que está muy relacionado con la desigualdad, es el de cómo articular los cambios relevantes que nos afectan a todos con pequeños cambios simbólicos, que son tremendamente importantes. Tras la publicación de un informe de la Agencia Internacional de Energía en el que se dice que bajar el termostato de los hogares de 22 a 21 grados ahorraría un 7% de gas, Josep Borrell ha pedido a los ciudadanos europeos que bajen la calefacción. Es comprensible, pero ha sido un error político comunicarlo así: la gente ve que se le piden esfuerzos que a otros no se le piden. Y ese es el gran problema. Pongo un ejemplo: los jets privados. Son el mal absoluto, contaminan diez veces más que el avión comercial, cincuenta más que el tren, no pagan impuestos…, pero en lo que se refiere al cambio climático suponen solo el 0,06% de las emisiones anuales de España. Sin embargo, aunque en términos cuantitativos no tenga apenas importancia, mientras haya gente que tiene jet privado, ¿cómo les puedes pedir a otros que no usen el coche? En estas pequeñas batallas simbólicas sin apenas efecto en la reducción de emisiones es donde nos jugamos mucho a la hora de construir coaliciones.

Pablo Simón

Eva, tú vienes del sindicalismo y del asociacionismo. Al hablar de la construcción de coaliciones, ese tercer sector juega un papel importante, ya que son capaces de tejer alianzas más allá de las demandas sectoriales. Muchas veces se asocia el gráfico de la desigualdad al de la caída de la afiliación sindical. ¿Qué opinión te merece esto, vinculado con otro tipo de brechas, como la salarial de género, en las que la ausencia de estos agentes intermedios también pueden ser clave?

Eva Granados

Hay evidencias de que los países con mayor afiliación sindical, que han sido gobernados durante más tiempo por partidos de izquierdas, son más productivos y más iguales. A raíz de la recesión de 2008, los movimientos organizados, como partidos políticos o sindicatos, entraron en crisis. Sin embargo, en la crisis actual los agentes capaces de mejorar las condiciones socioeconómicas de la ciudadanía están dando un ejemplo histórico de su capacidad para luchar contra la desigualdad. Esto también lo propicia el Gobierno de coalición, el diálogo social y la manera que tenemos desde el Gobierno de entender cómo llevar a cabo reformas perdurables y dialogadas.

En estos momentos, los sindicatos y las patronales están negociando el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Antes de la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno ya se había alcanzado un pacto de rentas, pero el PP lo metió en un cajón y luego aprobó la reforma de laboral de 2012. O pensemos en el acuerdo sobre las pensiones que se ha producido en los últimos meses. Cuántas veces hemos leído que la Seguridad Social estaba en quiebra, que no íbamos a cobrar la pensión… Evidentemente, había intereses sectoriales presionando para que optáramos por planes de pensiones privados, pero al final se ha ido imponiendo la idea defendida por el Gobierno y los sindicatos de que los problemas de la Seguridad Social son una cuestión de ingreso y no de gasto. Hemos sido capaces de cerrar algo que lleva años en el Pacto de Toledo. Me refiero a la separación de fuentes de financiación, es decir, que las cotizaciones sirvan para pagar las pensiones y el resto de las políticas se paguen a través de los Presupuestos Generales del Estado. Esto significa que, en 2023, la Seguridad Social estará en equilibrio presupuestario. Solo ese pacto vale ya una legislatura. También tenemos que poner en valor el acuerdo sobre el salario mínimo interprofesional o la reforma laboral.

En cuanto a la brecha de género, es algo que nos interpela a todos. Hoy mismo, las Juventudes del PP han publicado un tweet que dice: «¿No puedes pagar la luz? 20.000 millones de euros en políticas feministas». Esos 20.000 millones, en efecto, se destinan a equiparar la situación de las mujeres en el mercado laboral, donde el 70% de quienes cobran el salario mínimo son mujeres. Estoy de acuerdo con Nacho y con Héctor en que tenemos que construir coaliciones amplias.

Pablo Simón

Héctor, si tuvieras que echar una carta a los Reyes Magos en la que solo pudieras pedir una política pública para tratar de cerrar el tema de la brecha creada por el cambio climático, ¿cuál pedirías?

Héctor Tejero

Durante mucho tiempo ha habido una medida política «mágica»: el precio del carbono, que consiste en ponerle precio a la contaminación. Dentro de la perspectiva mainstream, el problema del cambio climático consiste en que los precios se fijan sin tener en cuentan los costes de las emisiones de dióxido carbono, de manera que no se paga por lo que se contamina. Al poner precio a las emisiones que emite cualquier producto, se supone que los mercados actuarán de forma tal que la sociedad se mueva hacia servicios y productos menos contaminantes. Es una medida que se basa en la confianza en el mito del mercado omnisciente y con funcionamiento óptimo. Sin embargo, se está viendo que el precio de carbono perjudica a todos y no beneficia a nadie. El debate actual gira en torno a una política climática que sea como una caja de herramientas en la que quepan muchas cosas, no excesivamente grandes, pero que sí permitan ir avanzando. El ejemplo lo encontramos en el impulso que tuvo el New Deal de Roosevelt. Del New Deal no te puedes quedar con una única medida, porque incluía muchas y en todos los ámbitos. Eso mismo hace falta respecto al cambio climático: impulsar un paquete de políticas públicas que habrá que ir probando y eliminar aquellas que no funcionan, como se hizo en el New Deal. No es casualidad que los norteamericanos hablen del «Green New Deal».

Nacho Álvarez

Para afrontar las brechas sociales existentes, yo me pediría un triángulo con sus tres vértices y me decantaría por el que considero más relevante, el tercero de los que señalaré. En primer lugar, mejorar y transformar las transferencias sociales en nuestro país; en segundo lugar, una reforma fiscal y, en tercer lugar, la intervención en el mercado de trabajo. Esta última pieza es crucial por la poca atención que se le ha prestado en los estudios sobre desigualdad y por las dañinas políticas laborales que ha sufrido en particular nuestro país en la última década hasta que el Gobierno de coalición ha comenzado a revertir la situación. Aunque no podemos fiarlo todo a la capacidad redistributiva del Estado, lo cierto es que las transferencias son cruciales para combatir la desigualdad. Sin transferencias a los hogares, la tasa de pobreza severa en España —el 10%— se elevaría hasta el 30%, y en Europa, sin las transferencias del estado de bienestar, el índice de Gini pasaría a ser como el de Zimbabue, y en lugar de 84 millones de pobres tendríamos 150 millones.

España invierte dos puntos menos de PIB que nuestros países vecinos en transferencias como las pensiones públicas, que es fundamental, o el ingreso mínimo vital. Y no solo invertimos menos, sino que lo hacemos peor. Históricamente, las prestaciones de nuestro estado de bienestar tienen una menor capacidad de reducir las desigualdades que las de otros países. Somos el país que menos reduce la pobreza por cada punto del PIB que invertimos en política social, y esto se debe a que nuestras políticas sociales tienen en su mayor parte carácter contributivo, es decir, están vinculadas a la participación en el mercado de trabajo formal con sus cotizaciones. Exceptuando el ingreso mínimo vital, aquí quien tiene derecho a las políticas sociales es porque antes ha tenido un empleo y ha contribuido. Por lo tanto, hay una pata muy frágil del estado del bienestar que debe ser reforzada. En este sentido, no son solo importantes las transferencias, sino que son particularmente importantes los servicios públicos. Por ejemplo, la ausencia de un servicio como la atención a la dependencia introduce una enorme desigualdad a nivel social y, en particular, una brecha de género profunda, ya que, en nuestra sociedad, que aún es tremendamente machista, el trabajo de cuidados sigue recayendo principalmente en las mujeres, lastrando su posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo.

Estos servicios no se financian solos. La fiscalidad, segundo vértice del triángulo, es una asignatura pendiente y crucial en la reducción de desigualdades. Los debates académicos y económicos han sido capaces de incorporar en el mainstream esta reflexión. España es el país que premia a Gabriel Zucman [premio Bernácer de economía en 2018], pero no le hace caso, aunque supongo que es un primer paso premiar a quien sostiene que hay que gravar a las grandes fortunas para vivir en sociedades menos desiguales. El Gobierno de coalición ha hecho avances importantes en el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado de 2021: el gravamen en el IRPF a las rentas por encima de los 300.000, el acercamiento de la fiscalidad de las rentas del capital y las rentas del trabajo –aunque todavía existe una brecha muy importante– y el incremento en un punto del impuesto de patrimonio. Aun así, la reforma fiscal sigue siendo una asignatura pendiente. La capacidad recaudatoria actual del impuesto de sociedades es 20.000 millones de euros inferior a la de 2007, y no se debe a que en 2007 hubiera una burbuja inmobiliaria. Los beneficios ya se han recuperado respecto al nivel que tenían en esa fecha, pero mientras que en 2007 la base imponible era el 70% del beneficio contable, hoy es menos de la mitad. Si queremos avanzar en la reducción de las desigualdades y financiar ese cambio que estamos haciendo en las transferencias sociales, la reforma fiscal es un paso imprescindible. El Gobierno de coalición está realizando un esfuerzo enorme, como el cambio en el enfoque en materia de pensiones que ha mencionado Eva.

Termino con el tercer vértice del triángulo: el mercado laboral, que es especialmente importante cuando se habla de desigualdad y sin embargo no se suele nombrar. Igual o más importante que la redistribución es la predistribución. Hay que generar el marco legal y jurídico en el terreno laboral para que la negociación colectiva permita que la situación de partida no sea tan desequilibrada como lo era tras la reforma laboral del PP de 2012, que supuso, en los ocho o nueve años posteriores, un trasvase de rentas de casi 20.000 millones de euros a favor de las rentas del capital, lo que equivale a dos puntos del PIB. Esto influye en las condiciones de vida de la mayoría social, que son las personas que obtienen sus rentas del salario. El compromiso del Gobierno de coalición con la reducción de las desigualdades a partir de políticas de predistribución es inequívoco: se ha elevado el salario mínimo casi el 30%, algo que afecta no solo a quienes lo perciben, sino también a quienes tienen sus rentas referenciadas a ese importe. El efecto de la reforma laboral ya es visible: la transformación de contratos temporales en indefinidos está propiciando un cambio en este modelo de predistribución, en el que influye también la decidida recuperación de la negociación colectiva. En un país de micropymes, tener marcos de negociación colectiva a nivel de empresa, como obligó la reforma laboral del PP, situaba a los pies de los caballos a millones de trabajadores que no poseen capacidad para negociar sus salarios. Volver a resituar esos mínimos, no solo con un salario mínimo interprofesional que tienda al 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea, sino con un convenio sectorial que garantice suelos salariales, propicia esta reducción paulatina de las desigualdades.

Eva Granados

Yo lo primero que pediría serían transiciones justas y sin víctimas, un nuevo contrato social que vele por todos. En un escenario de globalización, digitalización y crisis climática, necesitamos políticas públicas como la alfabetización digital universal o dotar de acceso a la red al último pueblo de nuestro país. Lo segundo que pediría sería mejorar las condiciones para la infancia y la juventud. En el caso de los jóvenes, hay que asegurarles el derecho a un proyecto vital propio y en el de la infancia, una mejora enorme en educación, porque la desigualdad genera marcas desde la infancia que se mantienen el resto de la vida. Cuando no sabemos en qué vamos a trabajar de aquí a unos años, la capacidad que tenga el Estado de generar oportunidades educativas es capital, ya que así podremos crear buenas empresas y buenos empleos. Y en todos los territorios, porque eso supone tener condiciones laborales y materiales, ingresos fiscales y, en definitiva, bienestar, que es lo que perseguimos bien repartido. Por último, quiero poner el acento en el poder de negociación dentro de las empresas, porque ahí es donde nos estamos jugando las condiciones laborales y cómo se redistribuye la riqueza. El mecanismo es la negociación colectiva de la que hablaba Nacho.

Pablo Simón

¿Quiénes son hoy los que podríamos llamar «adversarios de la igualdad»? 

Héctor Tejero

Parte del problema sigue siendo la falta de un proyecto colectivo. En la izquierda hemos perdido la idea de un futuro mejor. Ocurre también en el cine: ya no hay películas utópicas... Es una carencia que probablemente tenga todavía algo que ver con la caída del Muro de Berlín. Desde entonces no hemos recuperado un proyecto emancipador que se pregunte a qué aspiramos, y eso juega en nuestra contra. Seguramente haya muchos más problemas: los lobbies, la dificultad para salvar la brecha entre lo que prometes y la puesta en práctica…, pero sin duda nos faltan horizontes de buena vida que ilusionen a la gente, y las grandes transformaciones siempre se han hecho a partir de un proyecto trascendente. Necesitamos dibujar un horizonte sobre qué significa vivir bien en un futuro en el que existen muchos problemas, entre ellos, la crisis climática, que debe rehacer todos los imaginarios de la vida buena. Lo que hoy consideramos vivir bien quizá no sea extensible a toda la población sin cargarnos el planeta por el camino, por eso toca generar un horizonte de vida buena mucho más sencillo, donde la riqueza es más relacional y cultural que material. En mi opinión, esta una de las grandes necesidades de los proyectos progresistas.

Eva Granados

Aquí discrepo con Héctor. La ciudadanía tiene muy claro lo que quiere y lo que es vivir bien, pero también es consciente de en qué mundo vive. Para mí, el ideal de buena vida es no quedarte a cero en la cuenta a final de mes; y es cuando dejan de pagarte dos nóminas cuando recuerdas la importancia de la conciencia de clase y de que el Estado es necesario para redistribuir y proteger a quienes menos tienen. Ese es un proyecto político en el que la gente cree y por el que debemos trabajar unidos. Hoy, cuando grandes consensos compartidos por todo el arco parlamentario están en riesgo, desde la izquierda debemos ofrecer promesas factibles y no generar frustraciones que acaben en el populismo, en la política identitaria, etc. Frente a ese rasgo populista de la derecha y su capacidad para hacer calar sus mensajes, como vemos en temas como el machismo —en España uno de cada cinco jóvenes piensa que la violencia machista es una invención—, la izquierda debe aliarse. Lo mismo digo frente al discurso de la derecha que dice que los servicios públicos no funcionan, y que es muy fácil que lo acabe asumiendo una parte importante de la ciudadanía: lo que pido ahí es unidad desde la izquierda, mejora de los servicios públicos y de la gobernanza y hacer promesas factibles.

Nacho Álvarez

En ocasiones, el primer adversario de la igualdad es la propia coyuntura, que hace que lo urgente pase a ser más relevante que lo importante. Un gobierno no puede perder su rumbo en las medidas que se adopten en el corto plazo, que deben ser coherentes y consistentes con la lucha contra la desigualdad. Mantener esa coherencia no siempre es fácil, pero es fundamental que en el diseño de la política de coyuntura no se pierda la orientación del medio y largo plazo. Estoy de acuerdo con Eva: uno debe prometer lo que puede hacer, pero al mismo tiempo debe hacer lo que ha prometido; hay ahí otra forma de coherencia –con los programas electorales– que debemos reclamar. Por lo tanto, construir coaliciones y acuerdos para mantener la coherencia y la consistencia política es crucial. En este sentido, la experiencia del Gobierno de coalición está siendo fructífera, pues se mantiene entre los socios una fiscalización continua y permanente y una sinergia virtuosa que lleva, como no había ocurrido en momentos anteriores, a hacer lo prometido y a ser prudentes a la par que ambiciosos en las promesas que se van desplegando. Creo que el ejercicio de este Gobierno tiene una mayor coherencia política que los gobiernos del pasado.

Otro adversario de la igualdad tiene que ver, de nuevo, con las narrativas y los discursos. Fijémonos de qué forma tan incívica y poco democrática, desde mi punto de vista, presenta la derecha algunos avances sociales que son innegables: al ingreso mínimo vital lo llaman «la paguita», a la fiscalidad progresiva «el hachazo»… Las narrativas importan, las palabras crean mundos en las mentes de las personas y construyen imaginarios colectivos. La falta de una narrativa clara en las fuerzas progresistas afecta a la propia capacidad de impulsar políticas públicas. El problema no es que las narrativas estén desconectadas de las políticas públicas, es que son las que permiten construirlas. Creo que las fuerzas políticas, sindicales y sociales que se reclaman del progreso social, de la izquierda, no siempre logramos tocar la tecla apropiada a la hora de explicar parte de las políticas públicas, cuando lo cierto es que lo que estamos haciendo no es bueno para la izquierda, es bueno para todos, y no siempre logramos transmitirlo. Impulsar una reforma de las pensiones que vincule su crecimiento con el IPC no es bueno para una persona en función de su adscripción ideológica, es bueno para el conjunto de los pensionistas y, por lo tanto, para el país. Ser capaces de narrar lo que uno hace y al mismo tiempo de construir los imaginarios a los que se quiere llegar ayuda a que las políticas públicas puedan, sencillamente, nacer. Pensar en ello es una tarea clave para las fuerzas de este Gobierno y para el conjunto de los sectores sociales que lo apoyan.